El gremio Agremub exige frenar la fiscalización abusiva en distritos como San Juan de Lurigancho y Chorrillos tras histórico fallo de Indecopi.
La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) alzó su voz de protesta y lanzó una dura advertencia: miles de bodegas peruanas están operando en una total desventaja frente a las grandes tiendas de conveniencia debido a restricciones horarias que carecen de todo sustento legal. Este entrampamiento burocrático, sumado a la imparable ola de criminalidad y los estragos del Fenómeno El Niño, amenaza con hacer quebrar entre 5,000 y 6,000 bodegas al cierre del 2026.
Carla Campos, presidenta de Agremub, fue tajante al señalar la tremenda injusticia que vive el sector: «Las bodegas no le tememos a la competencia: le tememos a que el Estado nos exija cumplir reglas que ya fueron declaradas ilegales, mientras las grandes cadenas operan sin esos frenos».
El golpe al bolsillo bodeguero y los fallos de Indecopi
El último fin de semana, el Indecopi declaró como barreras burocráticas ilegales las restricciones impuestas por las municipalidades de San Juan de Lurigancho y Chorrillos a la venta de bebidas alcohólicas, ya que regular estos horarios es facultad exclusiva de los municipios provinciales. Este histórico fallo se suma a las sentencias de abril de este año contra distritos como Villa El Salvador, San Luis, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, el Rímac y Ate.
Pese a la orden legal, en las calles la realidad es otra: los fiscalizadores distritales siguen multando y hostigando a las bodegas basándose en ordenanzas inválidas. Esta situación es crítica si se tiene en cuenta que la venta de bebidas alcohólicas representa hasta el 55% de los ingresos de una bodega, afectando directamente el sustento de más de 400,000 familias peruanas.
Entre la espada de la burocracia y la pared de la delincuencia
A la asimetría regulatoria se suma el terror de las calles. Mientras las grandes cadenas pueden abrir las 24 horas gracias a su espalda financiera, las bodegas de barrio viven atemorizadas. Un reciente estudio de Ipsos para ComexPerú reveló que el 52% de las microempresas identifica a la inseguridad como su principal enemigo para crecer.
«La criminalidad ha aumentado muchísimo. Siempre hubo delincuencia, pero nunca como ahora. La situación es crítica», enfatizó Campos, explicando que el miedo las obliga a cerrar temprano, perdiendo aún más terreno frente a la competencia de gran capital.
Ante este panorama, Agremub exige que los municipios distritales acaten los fallos de Indecopi de manera inmediata y que el Poder Ejecutivo supervise de cerca la fiscalización para evitar que se siga destruyendo el motor comercial de los barrios peruanos.
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